III Entender la Resolución OSIG de 2016

El resultado de la votación

La culminación de todo el proceso fue la votación que se realizó el 30 de junio de 2016. Después de que Chile introdujera la resolución, hubo 17 votaciones en total, que pueden agruparse en cuatro amplias categorías[1]:

  • La votación sobre una moción de no acción propuesta por Arabia Saudita; fue rechazada (15 a favor, 22 en contra, 9 abstenciones).
  • La votación sobre las once enmiendas por separado, de las cuales siete fueron aprobadas por mayoría con diferente número de votos.
  • La votación sobre algunos párrafos por separado de la resolución; fue rechazada.
  • La votación final sobre la resolución ya enmendada; fue aprobada (23 a favor, 18 en contra, 6 abstenciones).

La sesión empezó con la presentación de una moción de no acción. Esta moción fue una maniobra estratégica para dejar en claro que la cuestión era tan problemática que ni siquiera debería ser presentada ante el Consejo ni merecía la dignidad de ser discutida. Una vez derrotada esta moción, la siguiente estrategia adoptada por quienes se oponían a la resolución fue introducir una serie de enmiendas hostiles que buscaban, todas ellas, subvertir la intención y el propósito de la resolución. Esta estrategia tuvo un éxito parcial, pues siete de once enmiendas fueron aprobadas. Después hubo una votación sobre algunos párrafos por separado y que fue rechazada. Por último, el Consejo votó sobre la resolución total ya enmendada, y esta fue aprobada.

En el transcurso del debate más de 31 Estados hicieron más de 78 intervenciones a lo largo de las cuatro categorías arriba enlistadas (en el Anexo IIen inglés- puede leerse un informe descriptivo de la votación).

La resolución sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género fue finalmente aprobada con 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El resultado: el Consejo decide nombrar, por un período de tres años, a un(a) Experto/a Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, con el mandato de evaluar la implementación de instrumentos internacionales de derechos humanos existentes con respecto a las formas de poner fin a la violencia y la discriminación de las personas por su orientación sexual e identidad de género; crear conciencia sobre la violencia y la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género e identificar y atender las causas fundamentales de la violencia y la discriminación; y, sostener diálogos y consultas con los Estados y otros interesados pertinentes. El Consejo solicitó, además, al/a la Experto/a Independiente rendir un informe anual al Consejo de Derechos Humanos, a partir de su trigésimo quinto período de sesiones, y a la Asamblea General, a partir de su septuagésimo segundo período de sesiones.

El resultado de la votación fue como sigue:

A favor (23): Albania, Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, la Ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Georgia, Letonia, México, Mongolia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Suiza, Venezuela y Vietnam.

En contra (18): Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Burundi, China, Congo, Costa de Marfil, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Federación Rusa, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Qatar y Togo.

Abstenciones (6): Botsuana, Filipinas, Ghana, India, Namibia y Sudáfrica.

Claramente, ninguna de las partes obtuvo todo lo que deseaba. Los patrocinadores de la resolución obviamente deseaban la aprobación de la resolución y el rechazo de todas las enmiendas hostiles. Lo que obtuvieron, en su lugar, fue la aprobación de la resolución y la aprobación de siete de las once enmiendas. De modo que la resolución aprobada es muy diferente de la resolución presentada originalmente.[2] Para entender las implicaciones de la resolución enmendada se requiere de un análisis detallado de las enmiendas y una comprensión más amplia de cuál sería el efecto de la resolución enmendada.

Análisis de las enmiendas hostiles

La estrategia adoptada por los Estados de la OCI fue proponer enmiendas hostiles con la finalidad de desviar a la resolución de su intención y propósito declarados. Paquistán, en nombre de todos los Estados de la OCI, excepto Albania, propuso once enmiendas al texto de la resolución. Paquistán fue muy explícito sobre la intención hostil detrás de esas enmiendas:

En un momento en que el Consejo necesita regresar a sus principios fundacionales de cooperación y respeto mutuo hacia las particularidades culturales y religiosas de cada uno, creemos que este proyecto de resolución, creará mayor desconfianza al interior del Consejo, y debemos evitarlo. Sr. presidente, por estas razones, los Estados miembros de la OCI, con excepción de Albania, presentamos once enmiendas, de la L.71 a la L.81, al proyecto de resolución titulado ‘Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género’.

Las enmiendas presentadas fueron de la L.71 a la L.81:

L.71

‘Protección contra la violencia y la discriminación por cualquier motivo como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición’

En lugar de:

‘Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género’

L.72

‘Recordando además todas las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos pertinentes a la protección contra la violencia y la discriminación por cualquier motivo como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición’

En lugar de:

‘Recordando además las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 17/19, de 17 de junio de 2011 y 27/32, de 26 de septiembre de 2014’

L.73

Subrayando la necesidad de mantener la propiedad compartida de la agenda internacional de derechos humanos y de considerar las cuestiones de derechos humanos de una manera objetiva y no confrontativa.

L.74

Asumiendo el compromiso de apoyar su agenda amplia y equilibrada y fortalecer los mecanismos que atienden cuestiones de importancia, entre otras, combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia relacionada en todas sus formas.

 L.75

Reiterando la importancia de respetar los sistemas de valores regionales, culturales y religiosos, y las particularidades, al considerar las cuestiones de derechos humanos.

L.76

Subrayando la importancia fundamental de respetar los debates internos pertinentes a nivel nacional sobre cuestiones asociadas con sensibilidades históricas, culturales, sociales y religiosas.

L.77

Rechazando el uso de presiones externas y medidas coercitivas contra los Estados, particularmente contra los países en desarrollo, entre otros, mediante usar y amenazar con usar sanciones económicas y/o la aplicación de la condicionalidad en la ayuda oficial para el desarrollo, con el fin de influir en los debates internos pertinentes y procesos de toma de decisiones a nivel nacional.

L.78

Preocupados por cualquier intento de socavar el sistema internacional de derechos humanos mediante la imposición de conceptos o nociones que pertenecen a asuntos sociales, entre otros, la conducta individual privada, y que caen fuera del marco jurídico de trabajo de los derechos humanos internacionalmente acordado, y tomando en cuenta que dichos intentos constituyen una expresión de indiferencia hacia la universalidad de los derechos humanos.

L.79

Subrayando que la presente resolución debería implementarse asegurando el respeto al derecho de soberanía de cada país y de sus leyes nacionales, prioridades de desarrollo, los diversos valores religiosos y éticos y los contextos culturales de su gente, y, también, en total conformidad con los derechos humanos internacionales universalmente reconocidos.

L.80

‘Deplora enérgicamente los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, que se cometen contra personas por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición’

En lugar de:

‘Deplora enérgicamente los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, que se cometen contra las personas por su orientación sexual o identidad de género’

L.81

Reemplazar los Op 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con un párrafo de la parte dispositiva que reza:

‘Solicita al Alto Comisionado de Derechos Humanos presentar un informe en el trigésimo quinto período de sesiones sobre la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación cometidas contra las personas por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, enfocándose en los retos más importantes y en las mejores prácticas a este respecto’.

Las once enmiendas pueden agruparse de la siguiente manera:

  • Enmiendas que buscaban despojar al texto de palabras específicas del lenguaje de la orientación sexual y la identidad de género y reemplazarlas con otras categorías de discriminación como ‘raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición’ (enmiendas L.71, L.72, L.80). Todas estas enmiendas fueron rechazadas.
  • Enmiendas que buscaban introducir nociones problemáticas de relatividad cultural, importancia de respetar los debates internos, importancia de respetar los sistemas de valores regionales, culturales y religiosos al interpretar los derechos humanos (enmiendas L.73, L.75, L.76, L.78 y L.79). Todas estas enmiendas fueron aprobadas.
  • Enmiendas que no eran sustancialmente problemáticas pero que fueron presentadas con intenciones hostiles. Entre ellas, una enmienda sobre combatir el racismo y rechazar el uso de medidas coercitivas contra las naciones en desarrollo (enmiendas L.74 y L.77). Estas enmiendas fueron aprobadas.
  • Una enmienda lanzada contra el corazón de la resolución para reemplazar el párrafo de la parte dispositiva donde se establecía el mandato del Experto o Experta Independiente (enmienda L.81).

Las enmiendas hostiles rechazadas tenían que ver con aquellas que buscaban despojar al texto de todas las referencias a la orientación sexual y la identidad de género en los párrafos del preámbulo de la resolución para reemplazarlos con categorías más generales de discriminación (L.71, L.72 y L.80). Entonces, los esfuerzos para invisibilizar a la orientación sexual y la identidad de género y eliminar las referencias a la especificidad de la opresión basada en la orientación sexual y la identidad de género fallaron. La otra enmienda hostil clave que falló es la que buscaba reemplazar los párrafos de la parte dispositiva que solicitaban el establecimiento de un(a) Experto/a Independiente por un llamado para que el Alto Comisionado rindiera un Informe sobre la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación bajo categorías más generales de discriminación (L.81).

Lo que se mantuvo en términos inequívocos fue el hecho de que se estableció un(a) Experto/a Independiente, que el/la Experto/a Independiente tiene el mandato de examinar la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género y el hecho de que el mandato del Experto o Experta Independiente se basa en las resoluciones previas sobre orientación sexual e identidad de género del Consejo.

Las enmiendas hostiles que tuvieron éxito fueron las de los párrafos del preámbulo y pueden agruparse como sigue:

1) Enmiendas (L.75, L.76, L.77 y L.78) que apelaban a la idea de respetar ‘los sistemas de valores regionales, culturales y religiosos’, ‘los debates internos’, ‘las prioridades de soberanía’ y expresar preocupación por ‘conceptos pertenecientes a asuntos sociales, entre ellos, la conducta individual privada’.

2) Una enmienda (L.73) que subrayaba la necesidad de ‘mantener la propiedad compartida de la agenda internacional de derechos humanos y de considerar las cuestiones de derechos humanos de una manera objetiva y no confrontativa’.

3) Una enmienda (L.74) que apoyaba el ‘combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia relacionada en todas sus formas’

4) Una enmienda (L.77) que rechaza el uso de ‘sanciones económicas y/o la aplicación de la condicionalidad en la ayuda oficial para el desarrollo’ particularmente en contra de ‘países en desarrollo’ con el fin de influir en los debates internos.

La enmienda L.74 y su compromiso de luchar contra el racismo es, en realidad, un intento de usar una cuestión de consenso universal para tratar de diluir una agenda para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Trata de oponer la importancia de la orientación sexual y la identidad de género contra la importancia de la raza como una cuestión de derechos humanos. No obstante, esta forma de enmarcar ambas cuestiones como distintas y separadas e incluso hasta hostiles entre sí, es injusta con la intención de la resolución. La resolución en sus párrafos de la parte dispositiva 2(e) y 2(b) hace un llamado para combatir ‘formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de la violencia’ y expresa un compromiso de atender ‘las causas fundamentales de la violencia y la discriminación’. Irónicamente, aunque la intención de quienes propusieron las enmiendas era hostil, no hay contradicción entre L.74 y la resolución; de hecho, hay una fuerte sinergia entre esta enmienda y el párrafo 2 de la parte dispositiva.

La enmienda L.77 y su lenguaje sobre ‘medidas coercitivas contra los Estados en desarrollo’ es otro intento de cambiar el marco del debate. Esta tiene la finalidad de explotar la división muy real que existe entre los Estados en desarrollo y aquellos desarrollados para señalar que esta resolución es una cuestión de los países desarrollados que se les está imponiendo a los países en desarrollo. El punto fundamental a observar es que los patrocinadores de la resolución no son países desarrollados, sino países en desarrollo y, por tanto, enmarcar a la resolución OSIG como una batalla entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo es una dicotomía falsa. Exponer las motivaciones de quienes propusieron esta enmienda no significa necesariamente que los patrocinadores de la resolución estén en contra del lenguaje de esta enmienda. El ‘rechazo a las medidas coercitivas’ es algo con lo que los patrocinadores de la resolución difícilmente estarán en desacuerdo. Como lo observaran los patrocinadores de la resolución en su nota conceptual, su objetivo era el ‘diálogo’, por lo que no hay desacuerdo en cuanto a la sustancia de la enmienda. Claramente, el contenido sustantivo de la resolución no autoriza medidas coercitivas y, por tanto, la enmienda misma muestra, en el mejor de los casos, una ansiedad fuera de lugar; en el peor de los casos, una intención traviesa.

La enmienda L.73 sobre la propiedad compartida de la agenda de los derechos humanos es más problemática. En el documento fundacional del Consejo de Derechos Humanos, la Resolución 60/251 de la Asamblea General, se describe claramente a ‘la objetividad, la cooperación y el diálogo genuino’ como principios en los que se basa ‘la promoción y protección de los derechos humanos’. Por tanto, si bien no se le puede reprochar a la enmienda que busque objetividad y un modo no confrontativo, la cuestión de la propiedad compartida, sin embargo, plantea algunas interrogantes. No puede ser que una cuestión no pueda avanzar sino hasta que cada cuestión de derechos humanos sea ‘propiedad compartida’. El lenguaje sobre propiedad compartida usado tiene precisamente esta connotación. No puedes avanzar en la orientación sexual y la identidad de género hasta que (y a menos que) la cuestión sea propiedad compartida; v.g., tenga el consenso de todos. Es interesante observar que si bien en el documento fundacional del Consejo de Derechos Humanos (GA Res 60/251) se subraya la ‘objetividad, cooperación y el diálogo genuino’, no se utiliza el lenguaje de la propiedad conjunta. El entendimiento es que el ‘diálogo genuino’ es la base; no la propiedad conjunta, que solo puede ser una aspiración y no un principio para cumplir con el mandato de ‘promoción de los derechos humanos’.

De las enmiendas aprobadas, las más dañinas pertenecen al primer grupo (L.75, L.76, L.77 y L.78). Todas estas, con diferente grado de estridencia, buscaban con sus reiteraciones a la importancia de la cultura, la religión y la soberanía nacional diluir la obligación de respetar los derechos humanos universales.

La respuesta a esta invocación de la cultura, la religión, la región y la soberanía, está correctamente expresada en la Declaración y Programa de Acción de Viena.  En su párrafo 5 se resuelve la cuestión del equilibrio con las cuestiones culturales y regionales sensibles; amerita ser citado en su totalidad:

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Entonces, en lo que concierne a la postura del derecho internacional, el equilibrio entre el respeto a las particularidades nacionales y regionales y los derechos humanos universales se resuelve a favor de la norma de que ‘es obligación de los Estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales’.

La pregunta a hacernos es ¿cómo interpretamos el efecto de las enmiendas sobre la resolución en conjunto?

Lo que la resolución hace es más importante que lo que la resolución dice

Las enmiendas más dañinas son aquellas que invocan a la soberanía nacional y a la particularidad religiosa y cultural como normas que compiten con la norma de los derechos humanos universales. Si pudiera haber alguna ambivalencia en torno a esta resolución, sería con respecto a si estas enmiendas en particular logran alterar la forma misma de la resolución y si estas enmiendas se convierten en artillería que pudiera usarse en el largo plazo para desmantelar el mero edificio de la legislación internacional de derechos humanos. En pocas palabras, ¿provocan estas enmiendas una mutación del propósito mismo de la resolución? ¿Es el mandato OSIG una victoria pírrica? ¿Se convertirá esta ganancia para OSIG en una pérdida para los derechos humanos en el largo plazo?

Para responder a estas preguntas tendremos que hacer un análisis más profundo del estatus de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos se estableció mediante la Resolución 60/251 de la Asamblea General. Vale la pena mencionar los instrumentos invocados por la Resolución 60/251 de la Asamblea General al establecer el mandato del Consejo de Derechos Humanos:

Reafirmando también la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción de Viena, y recordando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos de derechos humanos.

Específicamente, en la Resolución GA 60/251 se observa que:

Reafirmando además que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente y que deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso;

Reafirmando que, si bien es necesario tener en cuenta la importancia de las peculiaridades nacionales y regionales y los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, todos los Estados, independientemente de cuál sea su sistema político, económico y cultural, tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

En términos específicos, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos deben cumplir con lo articulado en su mandato fundacional, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Sociales y Económicos y la Declaración de Viena. Además, las resoluciones deben también obedecer al Artículo 5 de la Declaración de Viena que se cita expresamente en el párrafo 4 del preámbulo de la GA Res 60/251; éste es por tanto, un mandato fundacional del Consejo de Derechos Humanos.

Aquí la pregunta quemante es, ¿cuál es el estatus de las enmiendas (L.75, L.76, L.77 y L.78) que expresamente buscan diluir el compromiso medular sobre el cual se fundó el Consejo de Derechos Humanos?

El solo hecho de que las enmiendas fueran aprobadas indica una falta de memoria institucional y apunta hacia un olvido voluntario de los documentos fundacionales mediante los cuales se estableció el Consejo de Derechos Humanos. Dentro de un contexto local nacional, con un fuerte marco de trabajo constitucional, sería inevitable que un tribunal constitucional dejara sin efecto a dichas enmiendas por exceder a la Constitución. Sin embargo, a nivel internacional no existe un mecanismo semejante para analizar si el Consejo de Derechos Humanos realmente trabaja dentro del mandato establecido; no hay absolutamente ningún mecanismo para asegurar que las enmiendas que repugnen a la mera carta de la institución sean abrogadas.

La falta, precisamente, de un mecanismo de esta índole plantea cuestiones sobre el estatus de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: ¿son instrumentos jurídicos o instrumentos políticos? o ¿acaso son una entidad híbrida con elementos de ambos?

Bertrand Ramcharan sostiene que necesitamos entender que los resultados del Consejo de Derechos Humanos juegan el papel de establecer una agenda de políticas, pero una agenda de políticas que trabaja dentro del marco de trabajo del derecho internacional pertinente. Ambos puntos son diferentes pero están relacionados.

Según Ramcharan, el trabajo fundamental del Consejo de Derechos Humanos no es necesariamente crear leyes, sino que más bien caería dentro del marco de la creación de políticas internacionales:

El Consejo de Derechos Humanos funciona sobre la base del acuerdo público general, una útil función de políticas públicas internacionales, llamando la atención hacia los problemas que afectan el goce de los derechos humanos de diferentes grupos de personas e impulsando recomendaciones para que sean atendidos.[3]

Por supuesto que cuando decimos políticas internacionales, son las políticas internacionales las que, en virtud de la GA Res 60/251, promueven ‘el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos’ y se ocupan ‘de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas’.

Las resoluciones en sí mismas no necesariamente hacen el trabajo descrito en la GA Res 60/251. Una de las maneras más efectivas en que el Consejo de Derechos Humanos cumple con su mandato es a través del trabajo de los Procedimientos Especiales. Los Procedimientos Especiales toman tres formas, v.g., el/la Experto/a Independiente, la Relatoría Especial y el Grupo de Trabajo. Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, llamó a los Procedimientos Especiales: la ‘joya de la corona’ del sistema internacional de derechos humanos, en reconocimiento a su enorme contribución al trabajo de protección de los derechos humanos.

Algo que los Procedimientos Especiales sí incluyen es:

  • El desarrollo de normas a través de estudios e informes
  • Proporcionan canales para que las víctimas de abusos de derechos humanos publiciten su difícil situación
  • Contención y mitigación del problema mediante transmitir la queja al gobierno
  • Ayudan a introducir nuevos enfoques mediante analizar y enmarcar de forma innovadora las cuestiones de derechos humanos.

Los informes de las y los titulares de los mandatos de los Procedimientos Especiales son, realmente, ejemplos de investigaciones internacionales de hechos. Los informes de investigación de hechos son siempre documentos poderosos que pueden usarse como ayuda en las luchas nacionales para la protección de los derechos OSIG.[4] Como observa Ramcharan, acertadamente, el ‘trabajo de investigación de hechos de los Procedimientos Especiales se encuentra, sin duda, entre las actividades de protección más fuertes de las Naciones Unidas’.[5]

Este énfasis en cómo el Consejo de Derechos Humanos logra su mandato, nos lleva a otra forma de analizar la resolución OSIG. Dentro del marco de trabajo de este análisis lo importante no es el escrutinio de la resolución con una fina lupa jurídica, sino, entender qué es lo que la resolución pone en movimiento o efectúa.

Por ponerlo en palabras sencillas, lo que la resolución hace es más importante que lo que la resolución dice. Para entender lo que la resolución hace necesitamos ir a los párrafos de la parte dispositiva y no a los párrafos del preámbulo. Como ya se dijo antes, todas las enmiendas que tuvieron éxito fueron las de los párrafos del preámbulo y no en los párrafos de la parte dispositiva. Así que el meollo o corazón de la resolución, que era establecer el mandato del Experto o Experta Independiente, se preservó por completo.

Lo que la resolución hace es establecer un mecanismo de investigación internacional de hechos y permitirnos llevar la lucha contra la violencia y la discriminación al siguiente nivel. Se espera que los informes del Experto o Experta Independiente produzcan nuevos entendimientos normativos y den mayor profundidad a la noción de que la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género constituyen una violación medular al marco de trabajo de los derechos humanos. Esos informes podrían también ser documentos clave para diferentes luchas a nivel nacional.

Claramente, si analizamos el trabajo del Consejo de Derechos Humanos desde el punto de vista de su contribución al mandato central de ‘protección’ de los derechos humanos, la resolución es exitosa ya que establece un mecanismo que trabajará para que se cumpla el mandato de protección. Dentro del marco de trabajo de este análisis, el lenguaje de las enmiendas es principalmente redundante, ya que no tiene influencia sobre la forma en que el mandato será cumplido.

A la pregunta sobre si la victoria de este mandato representa una pérdida para la agenda más amplia de derechos humanos, la respuesta es negativa, ya que estos párrafos del preámbulo no tienen el estatus de ley. Son, en el mejor de los casos, indicadores de las prácticas de los estados que entran en conflicto  con el marco de trabajo jurídico de la Convención de Viena, la Resolución GA 60/125 y, presumiblemente, del PIDCP y los DSCP. Esta no es una pérdida para el marco de trabajo más amplio de los derechos humanos, pues dichos párrafos del preámbulo no son leyes sino simplemente indicadores de políticas.

Pero, esto no significa que el extenso análisis legal previamente realizado carezca de valor, sino que hay que contextualizar el análisis. El análisis servirá para comprender el alcance y ámbito de las resoluciones y la necesidad de que incluso los órganos políticos de las Naciones Unidas se apeguen a las normas e instrumentos pertinentes del derecho internacional. Entonces, los órganos políticos de la ONU no pueden trabajar fuera de un marco jurídico y es una vergüenza que enmiendas como las discutidas anteriormente sean promovidas e incluso aprobadas. El esfuerzo de educación en el Consejo de Derechos Humanos debe continuar y debemos seguir presionando a los Estados para que se ciñan al mandato original y funcionen dentro del marco de trabajo de los tratados internacionales que han ratificado y en relación al derecho internacional consuetudinario.

Entonces, al mismo tiempo que entendemos que el Consejo de Derechos Humanos es un organismo que está impulsando una forma de políticas internacionales, siempre está la expectativa de que se apegue al derecho internacional. Como lo explica Ramcharan:

Es legítimo esperar que los gobiernos cumplan con su obligación jurídica en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y en virtud de la legislación internacional de derechos humanos al participar en los organismos de la ONU, incluso en los políticos, y que lleven a cabo sus obligaciones de buena fe en virtud de los tratados de derechos humanos.[6]

Convertir esta expectativa en realidad es una lucha continua.

 

Lea más:

I Introducción

II El proceso que dio origen a la resolución OSIG de 2016

La lógica detrás de la resolución sobre orientación sexual e identidad de género

El proyecto de resolución

Consultas informales sobre el proyecto de resolución

Los esfuerzos de defensa de la sociedad civil

Declaraciones conjuntas de la sociedad civil

Argumentos sobre la necesidad de un(a) Experto/a Independiente en el Consejo de Derechos Humanos

III Entender la Resolución OSIG de 2016

El resultado de la votación

Análisis de las enmiendas hostiles

Lo que la resolución hace es más importante que lo que la resolución dice

IV Entender el aspecto político: ¿por qué los Estados votaron de la manera en que lo hicieron?

Cómo entender el voto a favor

El liderazgo del LAC 7

El voto asiático a favor

La fallida retórica sobre los países desarrollados versus los países en desarrollo

La pasión detrás del voto a favor

Cómo entender las abstenciones

Sudáfrica: la abstención como regresión

Ghana, Botsuana y Namibia: la abstención como progreso

La abstención de India: ¿quedarse en el mismo lugar?

La abstención de Filipinas: un paso hacia atrás.

Cómo entender el voto en contra

El liderazgo de la OCI

El grupo africano

El apoyo de Rusia y China

Una oposición más amplia al marco de trabajo de los derechos humanos universales

La amenaza al funcionamiento del Consejo

V Las interconexiones con otras resoluciones del 32º Período de sesiones del Consejo

 Anexo I Breve resumen de otras referencias a OSIG durante el 32º Período de sesiones del CDH (inglés)

Anexo II Descripción de la votación sobre la Resolución OSIG (inglés)

Anexo III Descripción de la votación sobre la Resolución de la Familia (inglés) 

Anexo IV Descripción de la votación sobre la resolución de la sociedad civil (inglés) 

Descargue el Informe completo en PDF.

[1] Para ver el texto de la resolución presentada, véase: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/L.2/Rev.1

[2] El texto de la resolución aprobada está disponible aquí: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CallApplications/HRC33/A.HRC.RES.32.2_AEV.docx

[3] Ramcharan, Bertrand (2015), The law, policy and politics of the UN Human Rights Council, Brill, pág. 64.

[4] Por poner un ejemplo, el Tribunal Supremo de India citó el primer informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos como el hallazgo más reciente y con mayor autoridad sobre el estado de la orientación sexual y la identidad de género desde una perspectiva global.

[5] Ramcharan, Bertrand (2015), The law, policy and politics of the UN Human Rights Council, Brill, pág. 228.

[6] Ibid., pág. 125.