Reconocimiento de la identidad de género en Chile

Michel Riquelme

Michel Riquelme

Activista trans no binario, directore de OTD Chile "Organizando Trans Diversidades". Michel comenzó su activismo en 2005 coordinando proyectos sociales en grupos LGBTI, con énfasis en el desarrollo comunitario y la salud transgénero. Ha sido becade por Fundación EPES, Rainbow Leaders RFSL y seleccionade para el premio Acción Joven de la Universidad Andrés Bello. Se identifica como Transfeminista y es editore en la revista Le Trans.
Michel Riquelme

Latest posts by Michel Riquelme (see all)

El pasado miércoles 14 de junio, luego de 4 años de tramitación en el Senado, se aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género. Tras este importante avance están también 4 años de intenso trabajo como activistas trans para mejorar el proyecto de ley y convencer a muchas personas de la importancia de legislar sobre el tema. Nos alegra estar avanzando pero al mismo tiempo es una gran impotencia ver los prejuicios de los senadores respecto de las personas trans y cómo rechazaron el derecho a la identidad de las personas menores de 18 años e impusieron la patologización en el proyecto de ley mediante la exigencia de exámenes médicos obligatorios.

El proyecto de ley -que ingresó a tramitación al Senado en mayo de 2013- define qué se entenderá por identidad de género y establece un procedimiento para que una persona pueda cambiar sus documentos de identidad en cuanto al nombre y sexo por aquellos que le identifican realmente y no con los que fue registrada al nacer. Previamente a este proyecto de ley, había sido aprobada la ley N°20.609  que establece medidas contra la discriminación y que reconoce explícitamente, por primera vez en Chile, la identidad de género y orientación sexual como categorías por las cuales una persona no puede ser discriminada arbitrariamente. Junto a esta ley, también existían circulares del Ministerio de Salud que permitían que una persona fuera registrada y tratada de acuerdo a su identidad de género en los servicios de salud públicos, aun cuando no hubiera cambiado su nombre y sexo legal oficialmente, como una medida administrativa y afirmativa para facilitar a las personas transgénero, específicamente, el acceso a los centros de salud.

Actualmente, el procedimiento posible en Chile para que una persona cambie su nombre y sexo en forma oficial deriva de la ley N° 17.344 que autoriza el cambio de nombre. Esta ley establece un procedimiento judicial de carácter voluntario, donde dos testigos deben declarar que la persona interesada en el cambio utiliza el nombre que desea obtener desde hace por lo menos 5 años; o por motivos de que el nombre con que fue registrada la persona es irrisorio y menoscaba su dignidad. Se agregan a este procedimiento requisitos específicos para quienes solicitan, además, el cambio de sexo, los cuales incluyen la presentación de exámenes psicológicos y psiquiátricos que diagnostican Disforia de Género o Trastorno de Identidad de Género, así como exámenes de revisiones sexológicas ante el Servicio Médico Legal. Algunos juzgados, además, han llegado a solicitar exámenes de ADN y exigir a la persona solicitante que se someta a cirugías de esterilización y modificación de sus genitales.

La jurisprudencia a favor y en contra de este tipo de juicios comenzó en los años 70 y se ha mantenido en aumento hasta el día de hoy. Cifras del Registro Civil e Identificación muestran que entre 1990 y 2017 se realizaron 345 rectificaciones de sexo. Sin embargo, estas cifras no incluyen a las personas que solicitaron el cambio de sexo y les fue negado por el tribunal.

En el caso de las personas menores de 18 años, recientemente se dio a conocer un fallo a favor de una menor de 5 años cuya identidad de género fue reconocida por un tribunal previo al proceso por diagnósticos médicos y exámenes anteriormente descritos.

La patologización y psiquiatrización de las personas que expresan identidades de género diferentes a las que el Estado les asignó al nacer es una práctica recurrente y naturalizada en varios países que no cuentan con legislación al respecto o tienen legislaciones desactualizadas. En el caso de Chile, las exigencias específicas de tribunales a las personas transgénero o con identidades de género no reconocidas legalmente, son un claro acto de discriminación. Algunas, como la exigencia de esterilización, bordea incluso la ilegalidad. Sin embargo, se lleva décadas repitiendo el mismo procedimiento con las mismas lógicas de estar frente a un problema de “tipo médico”, con exigencias abusivas que son justificadas e incluso valoradas por las autoridades.

En este sentido, por ejemplo, cabe destacar los argumentos de algunos señores senadores durante la reciente tramitación del proyecto que reconoce y da protección a la identidad de género. El senador Ignacio Walker, representante del Partido Demócrata Cristiano, insistía fehacientemente que cualquier persona mayor de edad que solicita un cambio legal de sexo debe someterse obligatoriamente a un “examen de un médico experto en la materia”. Frente a este requisito es imposible no preguntarse ¿a qué se refiere el senador Walker con “la materia” y cómo garantizará la experticia de un médico en ese sentido? Cuando fue increpado en su exigencia por otros senadores, quienes le informaron que exigir este tipo de exámenes era discriminatorio y basado en prejuicios contra las personas transgénero, su contraargumento fue que “era por el bien de estas personas” porque no todas saben lo que hacen y pueden tener trastornos mentales. A pesar de que todos sabemos que cualquier persona puede tener un trastorno mental sin importar su identidad de género, al senador Walker le puede más el prejuicio contra las personas transgénero y quiere revisarlas muy bien a todas antes de permitirles ejercer su derecho al reconocimiento de la identidad.

El texto del proyecto de ley enviado por el Senado a la Cámara de Diputados establece que será un procedimiento administrativo, al cual solo podrán acceder personas mayores de 18 años, sin vínculo matrimonial vigente y solo si adjunta un certificado emitido por un médico experto en la materia. A pesar de que en Chile el ordenamiento jurídico parte por reconocer la plena capacidad de las personas para realizar actos jurídicos, a pesar de que no existe ningún procedimiento administrativo que exija presentar un certificado médico para acceder a un derecho, a pesar de que la carta de derechos humanos reconoce el derecho a la identidad de todas las personas sin importar su edad, el derecho a formar una familia y a pesar de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, siguen primando la ignorancia, los prejuicios y el autoritarismo que padecen varios senadores para decidir sobre otras personas.

Históricamente hemos visto cómo se crean falsas enfermedades y supuestas teorías científicas que tienen por objetivo ejercer control sobre grupos históricamente oprimidos. Como por ejemplo ocurrió con la Drapetomania, supuesta enfermedad mental que padecían los esclavos negros del siglo XIX, que según el médico Samuel A. Cartwright consistía en unas “ansias de libertad” o expresión de sentimientos en contra de la esclavitud. O la patologización de la Homosexualidad que fue considerada un trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1990. Hoy en día movimientos trans, feministas y de derechos humanos nos vemos enfrentados a la patologización de las identidades trans con argumentos que buscan justificar la psiquiatrización de cualquiera que no esté de acuerdo con la identidad de género que otros le asignaron. En un claro ataque a la autonomía personal y al derecho a decidir sobre la propia identidad y el propio cuerpo. En el caso de Chile, los derechos de las personas se ven doblemente afectados si se trata de personas menores de 18 años para quienes no cabe ninguna posibilidad de reconocimiento de la identidad de género sin contar con la autorización de los padres, madres o tutores legales. Esta situación deja a la persona en la más absoluta indefensión frente a unos posibles tutores homofóbicos o transfóbicos.

Con la esperanza de encontrar parlamentarios que realmente respeten los derechos humanos y los compromisos del Estado de Chile en temas de no discriminación, seguiremos la labor de mejorar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, terminando con requisitos prejuiciosos y patologizantes e incorporando el reconocimiento del derecho a la identidad de género para personas menores de 18 años.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *