Acción mundial por la despatologización trans 2017
Cuando en 2009 escuché hablar por primera vez de la Campaña “Alto a la Patologización Trans (Stop Trans Pathologization – STP) 2012”, muchas situaciones de violencia que había vivido por ser una persona transgénero comenzaron a tener una explicación más clara para mí.
¿Por qué las personas transgénero debemos pasar por un psiquiatra que valide quienes somos? ¿Por qué tiene más valor lo que pueda decir un desconocido sobre quién soy versus mi propia definición de quién soy?
La manera en que la cultura occidental ha enfrentado la existencia de personas transgénero está cargada de prejuicios, violencias y discriminaciones. La diversidad de género que siempre ha existido en diferentes culturas ha sido relegada a un rincón de la marginalidad social, siendo la medicina y la psicología cómplices de ello. Diferentes ejemplos dan cuenta de esta situación. El Trans Rights Europe Map & Index 2017 de Transgender Europe refleja que, en Europa, 36 países mantienen aún el requisito de un diagnóstico de salud mental para reconocer legalmente la identidad de género de una persona. Algunos de esos países ni siquiera permiten tal reconocimiento. En el caso de Sudamérica, sólo cinco países han promulgado normativas para el reconocimiento de la identidad de género. Sin embargo, algunas de estas normativas mantienen la exigencia de certificaciones psicológicas.
La imposición que hacen los Estados para obligar a las personas transgénero a someterse a exámenes psiquiátricos o psicológicos es una forma de coacción que vulnera el derecho humano a la identidad. Esa imposición también vulnera el Principio 18 de los Principios de Yogyakarta, el cual dice que “…Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico, con motivo de su orientación sexual o identidad de género. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas…”.
Otro derecho humano frecuentemente vulnerado con motivo de la patologización de las personas trans, es el derecho a la salud. La patologización se ha convertido en una forma de discriminación arbitraria contra la población transgénero, ya que para acceder a una determinada prestación de salud (tratamiento hormonal y/o cirugías) somos obligadas a someternos a exámenes psiquiátricos o psicológicos, a diferencia del resto de la población a quienes no se les impone tales exámenes para acceder a la misma prestación de salud. Ejemplo de ello es que millones de mujeres cisgénero (mujeres que se identifican con el sexo y género que les asignaron al nacer) en el mundo consumen hormonas sexuales como forma de método anticonceptivo, existiendo países donde estos medicamentos pueden ser recetados incluso por profesionales no médicos. Ningún protocolo clínico exige que las mujeres cisgénero se diagnostiquen psiquiátricamente con “disforia de embarazo” o alguna patología mental antes de permitirles el acceso a hormonas sexuales. Sin embargo, si se trata de personas transgénero, los protocolos clínicos inmediatamente imponen certificaciones psiquiátricas para acceder a las mismas hormonas sexuales.
Esta diferencia discriminatoria en el trato y acceso a una prestación de salud es perfectamente sancionable por las legislaciones contra la discriminación que consideran la identidad de género como una categoría explícita. Tal como lo menciona la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, “…La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra….”.
El impacto negativo de la patologización de las personas trans también tiene sus efectos adversos en la forma en que la sociedad en general percibe la existencia de personas transgénero. Según los resultados de Encuesta T, la primera encuesta a personas transgénero y de género no conforme en Chile, la principal violencia que enfrentamos las personas transgénero es la negación de nuestra identidad, que en el fondo implica, además, la negación de nuestra existencia. Un 96% de las personas encuestadas declara que su identidad fue cuestionada en los centros de salud, un 27% expresa que sus demandas de salud fueron ignoradas, y un 15% dice haber recibido una discriminación verbal en centros de salud. Los prejuicios y discriminaciones también se evidencian en el ámbito de la educación y la familia.
La patologización de la diferencia influye en los discursos de odio que se crean en torno a un determinado grupo social. El argumento de que una determinada diferencia es producto de una enfermedad o trastorno, es reiterativo en los discursos y crímenes de odio contra las personas LGBTI.
Es por todo esto que, desde una mirada de Derechos Humanos, la patologización de las personas transgénero no tiene ninguna justificación, así como tampoco la constante postergación de la completa despatologización del tránsito de género en los manuales DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) y ICD (International Statistical Classification of Diseases). Esa postergación nos sigue manteniendo en la marginalidad social donde nos humillan, e incluso asesinan. Y ha sido caldo de cultivo de prejuicios, discriminaciones y discursos de odio contra las personas transgénero en todo el mundo.
La Campaña Internacional Stop Trans Pathologization hace un llamado todos los años en el mes de octubre a manifestaciones en todo el mundo exigiendo la retirada de la clasificación de los procesos de tránsito entre los géneros como trastorno mental de los manuales diagnósticos (DSM de la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud). Pide el acceso a una atención sanitaria trans-específica públicamente cubierta. Solicita el cambio del modelo de atención sanitaria a personas transgénero, descartando el modelo de evaluaciones psiquiátricas y psicológicas obligatorias, hacia un modelo de consentimiento informado donde cada persona pueda decidir sobre sus atenciones de salud. También llama al reconocimiento legal de género sin requisitos médicos, a la despatologización de la diversidad de género en la infancia, así como a la protección contra la transfobia.
STP es pionera a nivel internacional en estas demandas y nos recuerda todos los años que ningún manual de trastornos mentales está por sobre los derechos humanos, como tampoco lo están ningún médico, ningún parlamentario, ni ningún Estado.
